Las actas del cerrojazo de Batet: el PSOE veía en el control parlamentario un «boicot al confinamiento»

El PSOE calificó de «boicot al confinamiento» que la oposición pidiera ampliar ligeramente la presencia mínima de diputados en el Parlamento -cumpliendo siempre con las recomendaciones sanitarias- para poder celebrar sesiones de control al Gobierno de Pedro Sánchez en las semanas siguientes a la declaración del primer estado de alarma por el coronavirus. Así lo recogen las actas -a las que ha accedido OKDIARIO- de los debates celebrados a puerta cerrada y con carácter previo en la Junta de Portavoces. Un documento que demuestra el cerrojazo que los socialcomunistas dieron al Congreso en su función de control al Ejecutivo.

El Tribunal Constitucional está ultimando el fallo sobre el recurso de amparo que presentó Vox contra los acuerdos adoptados por los órganos rectores del Congreso -controlados por PSOE y sus socios- que limitaron la actividad parlamentaria. La semana pasada trascendió que el Pleno del máximo intérprete de la Carta Magna se inclina por declarar inconstitucionales tales acuerdos, si bien todavía no puede darse nada por válido hasta que se produzca la comunicación del fallo.

En aquellas fechas, la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, desconvocó la sesión de control al Gobierno prevista para el 11 de marzo -tres días antes de la declaración del estado de alarma- y ya no volvió a celebrarse ninguna hasta el 15 de abril, después de que la oposición elevara la presión denunciando la «mordaza» que estaban perpetrando PSOE y Podemos al más puro estilo de las narcodictaduras bolivarianas.

En uno de los debates celebrados entonces en Junta de Portavoces, la portavoz del Grupo Popular en ese momento, Cayetana Álvarez de Toledo, pidió reconsiderar el pacto verbal de los grupos sobre la presencia mínima de diputados y elevar el número de parlamentarios asistentes -cumpliendo con las recomendaciones sanitarias- para que pudieran desarrollar su función de control al Gobierno. «No se puede impedir a los diputados asistir a las sesiones plenarias», enfatizó Álvarez de Toledo, que ya el 10 de marzo había advertido de que «el Congreso no se cierra ni en guerra».

Ante ello, la portavoz del Grupo Socialista entonces, Adriana Lastra, manifestó que lo planteado por Álvarez de Toledo «no puede sino considerarse como un auténtico boicot al confinamiento» y lo tachó de «inadmisible». El confinamiento más estricto se extendió hasta el 26 de abril.

«Inconstitucional»

Por su parte, la secretaria general del Grupo Parlamentario de Vox, Macarena Olona, expuso que era «absolutamente inconstitucional» la decisión que había adoptado de manera «exclusiva» la presidenta del Congreso, apoyada luego por algunos grupos, en la Junta de Portavoz del 12 de marzo, donde decretó «suspender la convocatoria de las sesiones parlamentarias por un periodo de 15 días», utilizando para ello como pretexto las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Olona subrayó que la paralización del Congreso quedó probaba porque la Mesa de la Cámara no hubiera calificado ninguna iniciativa entre el 9 y el 30 de marzo. Además, añadió, que al haberse acordado la suspensión del cómputo de los plazos reglamentarios entre el 14 de marzo y el 13 de abril, se eliminó la obligación del Gobierno de contestar a las iniciativas de control planteadas por los grupos.

En aquellas semanas de la segunda quincena de marzo y la primera de abril, dejaron de celebrarse entre dos y tres sesiones de control al Gobierno (18 y 25 de marzo y 8 de abril). Sólo asistieron al hemiciclo unos cuantos diputados de cada grupo, el presidente y varios ministros. Ni el jefe del Ejecutivo ni los ministros tuvieron que rendir cuentas ante la Cámara sobre cuestiones concretas de la pandemia a preguntas de la oposición. Los debates se limitaron a la comunicación del estado de alarma, las prórrogas y la convalidación de los decretos de medidas socioeconómicas.